un juez federal en Texas dictaminó el viernes que exigir a los empleadores que brinden cobertura para los medicamentos de PrEP, que previenen la transmisión del VIH, viola los derechos religiosos de los empleadores según la ley federal.
El juez de distrito de EE. UU., Reed O'Connor, dijo que la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa proporciona una exención religiosa de comprar un seguro de salud. que cumpla con el mandato de atención preventiva del Departamento de Salud y Servicios Humanos en virtud de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, que requiere cobertura de PrEP.
O'Connor dijo que El gobierno debe proporcionar esta exención religiosa a ocho acusados, seis individuos y dos empresas, que afirman que la obligación de proporcionar dicha cobertura de seguro viola sus creencias cristianas y “no religiosas” “sinceramente mantenidas” que rechazan el “comportamiento homosexual, el uso de drogas intravenosas y actividad sexual fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer”.
Al exigirles que proporcionen un seguro que cubra la PrEP, así como la vacuna contra el VPH y la educación sexual, el gobierno “haría que [them] cómplice de esos comportamientos”, concluyó O'Connor.
Aquí hay una copia de la decisión de 42 páginas de O'Connor en la demanda, Kelley v. Becerra.
El juez de Texas continuó diciendo que los tribunales deben apoyar las exenciones religiosas de los mandatos de la política federal si la creencia religiosa de una persona es “sinceramente mantenida”. citando precedentes de la Corte Suprema en su 2014 Decisión del lobby de la afición y su decisión de 2020 en Hermanitas de los pobres. Ambas decisiones autorizaron exenciones religiosas a los mandatos de anticoncepción en la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio.
Por esta razón, determinó O'Connor, el gobierno no puede cuestionar si es cierto que pagar una cobertura que incluye PrEP subsidia la “conducta homosexual”.
El gobierno “no puede ‘decirles a los demandantes que sus creencias son erróneas' porque la conexión entre la conducta moralmente objetable y la complicidad en la conducta ‘simplemente está demasiado atenuada'”, escribió, citando la decisión de Hobby Lobby.
Más allá de eso, O'Connor declaró que el Grupo de trabajo de servicios preventivos, el organismo gubernamental que recomendó las reglas del mandato de atención preventiva para la cobertura de PrEP, es un organismo designado ilegalmente en violación de la Cláusula de nombramientos.
O'Connor, designado por el expresidente George W. Bush, es conocido como el favorito entre los abogados conservadores porque tiende a fallar en contra de las políticas demócratas. Los fiscales generales de Texas parecen presentar estratégicamente demandas clave en su jurisdicción para que los oiga.
Varias de sus sentencias han sido revocadas en apelación.
En 2018, O'Connor dictaminó que toda la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio era inconstitucional, una decisión que un experto legal describió en ese momento como “locura en la prensa”. Su decisión fue revocado en apelación en 2020, y la Corte Suprema defendió la ley Un año después.
En 2015, O'Connor prohibió al Departamento de Trabajo de hacer cumplir de inmediato una nueva regla que otorga beneficios de la Ley de Licencia Familiar y Médica a parejas del mismo sexo. Argumentó que el público tenía “un interés permanente” en proteger las leyes estatales de la “intrusión federal”. Pero pronto disolvió su orden judicial después del fallo de la Corte Suprema en Obergefell v. Hodges, que consolidó el derecho fundamental al matrimonio de las parejas del mismo sexo.
Las otras decisiones destacadas de O'Connor incluyen su decisión de 2015 de que parte de la Ley federal de control de armas de 1968 era inconstitucional (esto fue revocado en apelación); su fallo de 2018 de que la Ley de Bienestar Infantil Indígena era inconstitucional (la Corte Suprema revisará esta ley en noviembre); y su decisión de 2021 de que la Primera Enmienda y la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa ofrecen una exención a los empleadores de la prohibición de discriminación sexual de la Ley de Derechos Civiles.
A principios de este año, O'Connor bloqueó temporalmente el Pentágono de hacer cumplir un requisito de vacuna COVID-19 para los SEAL de la Marina, alegando que el gobierno federal “no tiene licencia” para infringir las libertades de los SEAL. Su orden preliminar fue parcialmente confirmado por la Corte Suprema en marzo.